¿Puede la violencia en México considerarse narcoterrorismo?
Colaboración publicada originalmente en El Economista.
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¿Cómo clasificar la crisis de violencia en México? ¿Los cárteles son meras organizaciones criminales o se les puede clasificar como guerrilla o incluso como terroristas?
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La Convención de Palermo define como grupos delictivos organizados a cualquier grupo estructurado de 3 o más personas que comete delitos de forma sistemática para obtener un beneficio económico. En contraste, la mayoría de las definiciones legales de terrorismo suelen distinguir a este fenómeno de la delincuencia organizada porque los terroristas delinquen no para alcanzar un fin económico, sino para alcanzar un fin político (o al menos, echan mano de algún tipo de narrativa o reivindicación política).
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No existe una definición internacionalmente aceptada de terrorismo. Los regímenes dictatoriales suelen designar como terrorismo a cualquier forma de oposición, como es el caso del gobierno sirio de Bashar Al-Assad. Además, la guerrilla y el terrorismo son fenómenos sujetos al prisma de la historia. La célebre Boston Tea Party, uno de los momentos fundacionales de la guerra de Independencia de los Estados Unidos, hoy podría considerarse no un acto de patriotismo, sino un atentado terrorista de haber triunfado los británicos.
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El Manual de Guerra Irregular del Ejército Mexicano define la guerrilla como el arte de acosar y entorpecer las operaciones del enemigo. Mientras que la guerra regular busca controlar en su totalidad un territorio, la guerrilla tiene una meta más modesta porque sus recursos son limitados.
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México ha atestiguado múltiples casos de infiltración de organizaciones criminales en el gobierno. Sin embargo, dicha infiltración no aparenta tener un fin político. Los cárteles no son homogéneos, tienen metas y organizaciones distintas entre sí. Adicionalmente, al menos a golpe de vista, pareciera que esta captura del gobierno no se persigue como un fin en sí mismo, sino como un medio para garantizar que las autoridades no intervendrán en su búsqueda de un beneficio económico.
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La guerrilla, el terrorismo y la delincuencia organizada tienen muchos métodos en común: el sabotaje, la propaganda y la violencia homicida, etc. Sin embargo, reconocer la existencia de terrorismo o de un conflicto armado interno en México puede atraer muchos más problemas de los que resuelve.
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Los delitos de rebelión, terrorismo y delincuencia organizada comparten una dificultad procesal en el Código Penal Federal mexicano. Para sentenciar a un individuo por estos delitos, no sólo hace falta acreditar materialmente la comisión de un ilícito, sino además la modalidad y finalidad de éste. Por ejemplo, es relativamente fácil acreditar que 10 personas asesinaron a X cantidad de personas en determinado día. Sin embargo, es mucho más difícil demostrar que los asesinos se conocen entre sí y que desean desestabilizar al gobierno mexicano. Claro que existen mecanismos para probar su organización e intenciones. Se puede solicitar una sábana de llamadas, demostrar frente a un juez que estos individuos se comunican con frecuencia para compartirse instrucciones, pero hasta las más básicas medidas de contrainteligencia pueden entorpecer la judicialización de estos casos. Los detenidos pueden haber hablado en clave o haber utilizado muchos números de teléfono diferentes para comunicarse entre sí. Es relativamente fácil obtener una sentencia por homicidio, pero probar la modalidad y la intención de éste, es mucho más difícil en el sistema penal mexicano.
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Adicionalmente, al ser vecinos de los Estados Unidos, de inmediato se activaría su marco legal para la persecución del terrorismo. El Acta Patriota, la Convención contra la Financiación del Terrorismo, serían el pretexto perfecto para materializar algunas de las amenazas hechas por el expresidente Donald Trump, como la de detener el flujo de remesas de Estados Unidos a México, o su intención de montar una campaña militar que vulnere la soberanía mexicana so pretexto de combatir a los cárteles.
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En resumidas cuentas, cambiar la taxonomía de los cárteles complica mucho y ayuda poco.
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Víctor Antonio Hernández Ojeda
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Es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana y egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto se desempeñó como asesor de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, para posteriormente incorporarse como analista de la División de Inteligencia de Pinkerton. Tiene intervenciones semanales en diversos medios de comunicación como analista de temas de seguridad y defensa, y es autor del libro “Montesquieu y la construcción de la paz internacional”.
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